Para ejercer como abogado o procurador en España ya no bastará con haber cursado una licenciatura en Derecho. Con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía, que entró en vigor el 31 de octubre de 2011, se establecen nuevas exigencias para los futuros letrados. Hasta ahora, España era el único país de la Unión Europea donde era suficiente con terminar la carrera para defender a alguien en los tribunales.  A partir del próximo curso, los alumnos de Derecho deberán cursar un máster –público o privado-, que incluye formación práctica con un periodo de prácticas externas, por ejemplo en despachos profesionales y empresas.

El máster podría 2.500 euros en Extremadura

El coste de este posgrado podría oscilar bastante de una región a otra. De los 2.000 euros que han fijado en algunas facultades públicas a los 7.500 de la Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo, donde yo me titulé. La decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez, opina que en Extremadura “el precio debe ser de 2.200 a 2,500 euros como máximo, con ello se puede hacer un buen máster y no ser excesivamente gravoso a los estudiantes a los que ahora si de forma obligada si quieren acceder al ejercicio tienen por fuerza que hacer un desembolso económico en esta formación de postgrado y posterior examen de acceso”. Está por ver que las universidades públicas oferten plazas suficientes para todos los licenciados que deseen matricularse.

Este nuevo camino de formación teórico-práctica  pretende mejorar la preparación de los letrados en ejercicio.  Unos conocimientos que hasta ahora las Escuelas de Práctica Jurídica impartían a los licenciados que querían recibirla de forma voluntaria.  Quizá el precio y el esfuerzo extra que conllevarán estos cambios normativos disuadan a muchos estudiantes que antes encontraban en la abogacía una altenativa profesional, por ejemplo, a las duras oposiciones de judicaturas, fiscalía, notarías o cuerpo diplomático. En un país con más de 50 facultades de Derecho, se ha llegado a cifras tan llamativas como los 31.000 abogados en activo de la comunidad de Madrid.

Y para garantizar el nivel de la formación impartida en esos posgrados, los licenciados deberán pasar además un examen del Ministerio de Justicia, al estilo del MIR para médicos y sanitarios que quieren ejercer en la sanidad pública.

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura  se firmó hace unos días un convenio entre la UEx y los dos Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Las tres instituciones se comprometieron a impartir en la región el máster que se ofertará en ambas provincias. A la firma de este convenio acudió el presidente del Consejo general de la Abogacía Carlos Carnicer. La decana pacense destaca la importancia del documento, ya que se trata del “primero que firman los dos Colegios Profesionales y la Universidad  de forma conjunta y velando todos juntos por una buena preparación profesional de los futuros abogados extremeños”.

Un máster de 90 créditos

Según este convenio, el programa del posgrado para futuros abogados constará de 90 créditos ECTS -25 horas cada uno-, de los cuales 30 serán prácticos.  “Está previsto que el máster comience este mismo año”, asegura Jaime Rossell, decano de la Facultad de Derecho de Cáceres.  El coste de esta formación está pendiente aún de ser establecido por la Junta de Extremadura, administración responsable de fijar los precios públicos de los estudios dentro de la comunidad, una tarea que normalmente se acomete en mayo. Cada año, en Extremadura se matriculan unos 150 alumnos en la Facultad de Derecho de la UEx “desde que se pusieron en marcha los grados”, detalla Rossell.

Aprobado el convenio de colaboración que haría efectivos los cambios en la región, “falta esperar que la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)apruebe la memoria del máster, ya presentada por la Universidad hace semanas, para empezar a desarrollar el programa”, explica Filomena Peláez.

“También estamos expectantes por el desarrollo reglamentario del último Real  Decreto del ministro Alberto Ruíz Gallardón, que exime a los licenciados en derecho de hacer los 60 créditos teóricos del máster, pero les obliga a hacer los 30 créditos de prácticas externas y el examen de la Ley de Acceso. No sólo nosotros, sino todos en España estamos a la espera antes de esto”, añade la representante de los letrados pacenses.

El posgrado podría comenzar en octubre en la región

El precio y la fecha exacta de comienzo del máster para los licenciados extremeños aún no es segura. “Esperamos tenerlo cuando tengamos estos datos que nos faltan, aunque nuestro deseo -de Colegios y Universidad- es que sea en octubre próximo si fuera posible”, avanza la decana pacense.

Opiniones divididas

Por suerte o por desgracia, al haber terminado mi carrera en 2008, a mí no me afecta esta medida. Desde luego el descontento entre el alumnado que cursa ahora mismo el Grado de Derecho es grande. Aunque no todo el mundo recibe de igual forma los cambios. El Gobierno y los Colegios de Abogados están convencidos de sus beneficios. Recordemos que la norma se aprobó en 2006, con un gobierno del PSOE.   “Nunca ha estado en nuestro ánimo limitar el número de abogados en ejercicio, jamás. Sino de completar la formación necesaria para acometer el ejercicio profesional con calidad y buena praxis, en igualdad que el resto de operadores jurídicos, que reciben formación posterior específica  teórica y práctica”, defiende Peláez.

Así afecta la norma según la fecha de finalización de los estudios

Según la normativa aprobada en marzo por el Gobierno del PP, quienes se matricularon antes de que se aprobara la ley en octubre de 2006 no tendrán que realizar el postgrado si en un plazo de dos años, una vez finalizada la carrera, proceden a colegiarse.

En segundo lugar, quienes se matricularon en la licenciatura de Derecho después de 2006 quedarán exentos de la parte teórica del postgrado. Sólo será necesario que cumplan con la parte práctica. Además, quedarán también exentos siempre y cuando se colegien en un plazo máximo de dos años desde que obtengan la homologación, aquellos estudiantes que solicitaron la homologación de un título extranjero antes de que entrara en vigor la ley.

Por último, tampoco se exigirá el título profesional a los estudiantes que obtuvieron su licenciatura antes de la normativa de 2006 pero tendrán que colegiarse también en un plazo de dos años desde la entrada en vigor, es decir, en 2013.