LA frase es contundente como una condena: «Voto por que todos ustedes vayan a prisión». El orador, micrófono en mano, uno de los empresarios del Círculo de Directivos Alemanes durante la convención celebrada en Barcelona. El reproche iba dirigido a Roger Torrent, presidente del Parlament y máxima autoridad autonómica de Cataluña, quien lucía en la solapa de la chaqueta el lazo amarillo como señal de protesta por la prisión preventiva de los implicados judicialmente en el ‘procés’. Tuvo que aguantar otra granizada de dardos similares: «Han conseguido que 3.000 empresas se vayan de Cataluña y nos han hecho retroceder medio siglo». «Los que están en prisión no son ningunos angelitos», apostilló otra comensal ante la defensa que hizo Torrent del derecho a sus propias convicciones y a defender las de otros parlamentarios.
El riesgo de este conflicto es que a fuerza de abordarlo cotidianamente acabemos ‘naturalizando’ la anomalía, lo excepcional. Haciendo del disparate costumbre.
Si quien golpea a la razón lleva puño de acero en guante de seda, podría parecer que el estropicio no se produce, pero no es así, claro está. Quienes subvierten la legalidad y sugieren fórmulas que harían carcajearse por lo disparatado a los ciudadanos de cualquier país democrático son precisamente quienes ejercen la violencia de la ilegalidad, que es la mayor agresión, la más despiadada ofensa contra el bien común: el orden constitucional que todos nos hemos dado. La ley de la convivencia.
Por eso ante el delirio y el abuso de quien pretende usurpar ese bien común que es nuestra legalidad (la Constitución y el Estatut, en el caso de Cataluña) y que constituyen la única garantía contra la arbitrariedad de quienes luchan por imponer la tiranía de ‘sus’ intereses –haciéndose trampas en el solitario– hay que responder con paciencia y buen humor, con tolerancia, sonrisas y buenos modales, pero eso sí, con la ley en la mano y siempre haciendo política: es decir, aplicando la ley y su corolario: la democracia. Sin rendirse nunca ante la presión de las arbitrariedades, de los subterfugios, de los intereses sectarios o de las situaciones injustas. Porque elegir el camino de la injusticia no es resolver ningún conflicto, sino avivarlo. Enquistarlo para siempre.
Nadie puede intentar a partir de una ilegalidad imponer el ‘trágala’ de una seudolegalidad arbitraria. Nadie puede construir paraísos futuros sobre la base del odio y el sentimiento de exclusión. Ni edificar sueños colectivos sobre el relato inverosímil de la historia. Sobre la mentira. «Renunciar a los hechos», advierte Timothy Snyder, «es renunciar a la libertad. Si nada es verdad, nadie puede criticar al poder, porque no hay ninguna base sobre la que hacerlo. Si nada es verdad, todo es espectáculo. La billetera más grande paga las luces más deslumbrantes».
A la sociedad catalana se le ha sustraído durante las últimas décadas el conocimiento de ciertas prácticas políticas nada honorables. Si la Justicia acaba probando que la auténtica finalidad del ‘procés’ fue promover una ruidosa huida hacia el precipicio para camuflar los pecados del pasado, bien merecido tendrán estos ‘capitanes arañas’ sus exilios dorados y sus cárceles sin gloria y sin honor, aunque sea a costa del alto precio que seguramente pagarán varias generaciones de catalanes y de españoles.