El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha congelado, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la cantidad destinada a la Mutualidad de General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en un 0,10 por ciento por lo que se fija en 1.588.000 euros y ha realizado recortes en diferentes prestaciones sanitarias.
Una congelación que también se extiende a los funcionarios de la Administración de Justicia acogidos a la Mutual General Judicial (MUGEJU) y a los miembros del Ejército y Guardia Civil, adscritos al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en otro 0,10 por ciento destinando un total de 472.000 euros.
Esta decisión se suma a los muchos recortes que han sufrido los empleados públicos desde el principio de la crisis y que se concretaron la semana pasada en una nueva congelación de las retribuciones para el próximo año.
Además, MUFACE va a hacer extensivo los recortes que ya se están aplicando o que se van a aplicar en las próximas fechas en la sanidad pública, como es el caso del copago en medicamentos hospitalarios (incluido algunos tratamientos contra el cáncer), el copago en el transporte sanitario no urgente o la reproducción asistida.
Por otra parte, tal y como estaba previsto, el Ejecutivo, ha congelado la prima que reciben las compañías sanitarias, lo que previsiblemente supondrá la salida de Muface de alguna de ellas (Sanitas, Asisa, Adeslas, DVK, CASER) el próximo mes de enero.
En el presente ejercicio, el Gobierno ya recortó en un 22 por ciento las prestaciones a los funcionarios. De hecho, se suprimieron programas como ayudas a la dependencia o el subsidio de jubilación (se reduce a la cuarta parte) y el subsidio por defunción. Todos estos recortes se mantienen.
Además, las cuentas de Muface se han visto reducidas en más de mil millones de euros a lo largo de los últimos cinco años, entre 2009 y 2013, como consecuencia de las reducción de las aportaciones del Ministerio de Hacienda, la utilización del remanente de tesorería y la congelación de las ofertas de empleo público, lo que ha impedido la entrada de nuevos titulares y beneficiarios en el sistema. Una situación que puede comprometer a medio plazo el futuro de la mutualidad.