Un importante grupo de funcionarios, policías y militares enfermos de cáncer  o con otras patologías graves que vieron interrumpido su tratamiento desde comienzos de año, como consecuencia de los recortes del Gobierno en las mutuas sanitarias, recuperan ahorasu continuidad asistencial.

Muface ha anunciado formalmente que se restablece a los mutualistas  una decena de centros sanitarios pertenecientes a los grupos Quirón, HM y Ruber Internacional, que eran referencia para los pacientes de cáncer y otras graves patologías, muchos de ellos con lugar de residencia en nuestra comunidad.

De esta forma, funcionarios, policías y militares (esta decisión también afecta a la mutua de las Fuerzas Armadas ISFAS), alrededor de 44.000 personas en Extremadura, recuperan toda la oferta hospitalaria de referencia en Madrid y de otras prestaciones sanitarias anuladas en el resto de España, que fueron recortadas como consecuencia de los recortes en su financiación.

Esta decisión, afecta a todo el colectivo, pero especialmente a un grupo de pacientes con enfermedades graves (oncológicos y cardiacos) que de la noche a la mañana se enteraron in situ, en su propio centro sanitario, que ya no tenían derecho a recibir la asistencia sanitaria. En cualquier caso es una buena noticia para los mutualistas extremeños (17.000 en Cáceres y 27.000 en Badajoz) y sus familias que ven cómo se les han restaurado sus derechos.

En este sentido, señalar que en Extremadura se han reducido también horarios de atención médica en las clínicas privadas concertadas así como el número de profesionales disponibles. Y lo que es peor, la atención de urgencias médicas en ciudades pequeñas y medias como Mérida quedan suprimidas entre las 22,00 horas y las 8,30 de la mañana.

En definitiva, desde  principio de este año, los recortes en las mutuas de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas y se generaría una situación que insostenible.