¿A que espera el Gobierno en funciones para pagar el 50% pendiente de la Extra de 2012 a los empleados públicos estatales? No hay justificación alguna para que el Ejecutivo en funciones no abone lo que resta de esta paga ya que es una cantidad incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Resulta sorprendente que a fecha de abril el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, no haya dado explicación alguna de porqué  no se ha realizado el abono de esta paga que se les debe a los trabajadores del Administración estatal. Y es que hay que recordar que antes de las elecciones generales de diciembre, concretamente en el mes de septiembre del año pasado, se dijo que se cobraría a partir del mes de enero de 2016.

Es más, en distintas reuniones,  con los sindicatos más representativos en las administraciones públicas, durante los meses de septiembre y noviembre de 2015, se indicó que se haría en único pago y que el cálculo que habían hecho desde el ministerio de Hacienda ascendía a unos 750 euros de media por trabajador.

Lo que es evidente es que a fecha de hoy el Gobieo en funciones no ha dado orden de incluir este pago en la próxima nómina a pesar de que la Ley de Presupuestos le obliga a ello. Como tampoco ha dado ningún tipo de explicación sobre los motivos para no hacerlo, ni mucho menos la fecha en la que está obligado a pagar ese 48,77% pendiente. A estas alturas de año, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores y se desentiende de cumplir con lo anunciado y prometido antes de las pasadas elecciones.

Mientras en el ámbito de las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura ya ha abonado  a los empleados públicos que dependen de ella las cantidades pendientes de la extra como también lo han hecho algunos ayuntamientos y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

En total son 530.000 trabajadores públicos del Estado, de los que 13.000 desarrollan su labor en Extremadura, los que están pendientes de que el Gobierno en funciones apruebe esta liquidación cuando lo crea conveniente.

A este retraso en el pago se añade la incertidumbre de si se cobrará o no ya que la desviación del déficit anunciada la semana pasada por Montoro, siempre ha servido de excusa para castigar al colectivo de empleados públicos con recortes, merma de las plantillas y  con el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos (sanidad, educación, justicia, servicios sociales o seguridad, entre otros).