Candela Chaves (Montijo, 1982, licenciada en Historia, estrechamente comprometida con el PREMHEX (Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura), invertiría casi dos lustros para componer esta obra, exhaustivo estudio que presentó como tesis de Doctorado. En tres pilares se fundamenta: la bibliografía ya existente (auténtica explosión durante los años últimos), los testimonios orales y, principalmente, sus propias investigaciones en numerosos archivos.

Sin duda, losl que más frutos le proporcionaron fueron el General Militar de Ávila (hasta donde han ido a parar los documentos no destruidos del Gobierno Militar de Badajoz); el General e Histórico de Defensa (donde se guardan los fondos  relativos al Tribunal Militar Primero) y el General Militar de Guadalajara (que custodia, entre otros, los expedientes de revisión de penas impuestas a los republicanos procesados entre 1936 y 1945). La autora  ha consultado también la documentación pertinente en el Archivo General de la Administración, así como los de  la cárcel de Badajoz, Juzgado de Instrucción nº 1 de Almendralejo, Diputación provincial pacense, los de otros municipios relacionados con los presos políticos (Castuera, Mérida, Montijo) y, claro es, el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Aunque, según ella misma proclama, estamos aún en una work in progress (pueden aparecer más documentos), se trata de una “publicación que constituye una aportación cardinal para el conocimiento de la acción represiva franquista a través de una justicia militar que  en materia penal suplantó a la ordinaria o civil”, como escribe Julián Chaves Palacios en su encomiástico prólogo.

Si en los preliminares se exponen muy críticamente los fundamentos jurídicos (Códigos de Justicia Militar de 1880;  bandos de guerra; Ley de Responsabilidades Públicas, Ley para la Seguridad del Estado, Código de Justicia Militar de 1945) según los cuales sentenciaban los tribunales franquistas, lo más sustancioso es la exposición de cómo actuaron en cada una de las comarcas de nuestra provincia a lo largo del periodo acotado. Fueron casi 8.000 las personas encausadas por delitos formalmente diversos, pero con la misma base: fidelidad al Gobierno de la República y oposición (o, al menos, falta de apoyo) al levantamiento  de Franco . Trágica paradoja fue que aquellos rígidos tribunales militares, establecidos por los rebeldes a la Constitución de 1931 para castigar y barrer cualquier brote de disidencia, procesasen a sus víctimas  republicanas como sublevados.

Candela ha conseguido establecer, pueblo a pueblo, la relación nominal de las mismas, consignándolas por orden alfabético, adjuntando su lugar de nacencia, la localidad y fecha del consejo de guerra sufrido y las penas sentenciadas. Son los datos que constituyen una lista de horrores, que la autora ha querido ejemplificar con innumerables pequeñas historias de aquellos hombres y mujeres, ejecutados no pocos, marcados para toda su vida como desafectos por la maquinaria judicial  del régimen triunfante merced a  las armas.

Merece la pena leer lo que escribiese el nada sospechoso Serrano Suñer, cuñado de Franco, en sus Memorias (Barcelona, Planeta, 1977, pp. 245-246): “Sobre la base de la ´justicia al revés` -sistema insólito en la historia de las convulsiones políticosociales-, comenzaron a funcionar los consejos de guerra para juzgar y condenar- a muerte en muchos casos y a penas de privación de libertad en otros más-, con el carácter de rebeldes en armas, a quienes se oponían al Alzamiento militar y defendían al Gobierno del Frente Popular, y, por extensión a quienes habían permanecido, como dirigentes o meros afiliados, a partidos políticos o agrupaciones sindicales frentepopulistas”.

Candela Chaves Rodríguez, Sentenciados. La represión franquista a través de la Justicia Militar y los Consejeros de guerra en la provincia de Badajoz (1937-1950). Badajoz, PREMHEX, 2015.