Tras la situación de “pánico” que se creó la semana pasada entre los empleados públicos municipales cuando se filtró una posible bajada de su sueldo a cuenta de la futura reforma de la administración local le ha sucedido otra, de incertidumbre y de no saber a que atenerse sobre este asunto.

Así, el ministerio de Administraciones públicas salió a la palestra para decir que “no hay ninguna intención de recortar el sueldo de los funcionarios”. Sin embargo, horas después, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, siembra la incetidumbre al incidir en un punto de esa futura ley en la que se indica que habrá límites retributivos, de modo que se establecerán baremos.

A continuación, desliza que  eso “no quiere decir que se vayan a bajar los sueldos ni se modifica el estatuto básico del empleado público”, pero sí que habrá una horquilla en la que se moverá el sueldo de los funcionarios municipales.

Unas declaraciones que hacen que los trabajadores locales no sepan a que atenerse ni de que forma les va a afectar esta nueva Ley. Mientras tanto, toca esperar a que el Gobierno explique a todos los sectores implicados como va a quedar redactada la nueva norma y ver si realmente les alude o no.

Esta reforma de la Ley local afectará a miles de familias en toda España y a unos 25.000 empleados públicos de la Administración Local extremeña  que podrían ver modificadas sus condiciones de trabajo.

Desde el Ejecutivo central se explica que esta reforma se hace para garantizar “la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos” así como para “lograr la adecuada prestación de los servicios públicos, evitar duplicidades, delimitar el marco competencial con claridad y redimensionar el sector público local”.

En cualquier caso, los empleados públicos de Extremadura y del resto del país ya hemos cubierto el cupo de recortes y nuestra cuota de responsabilidad en esta crisis económica.