El porcentaje de bajas laborales entre los empleados públicos que faltaron a su trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal ha caído un 18% según se desprende  de los datos de la encuesta trimestral de costes laborales que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2014.

Y es que desde hace ya más de dos años los empleados públicos que causen baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%;si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75%;  y solo si se trata de una dolencia más grave, que provoque una baja de más de 21 días, es cuando cobran el 100% de su sueldo.

Esta nueva situación para los funcionarios la propició el Ministerio de Hacienda en 2012 cuando decretó un nuevo régimen retributivo para los empleados del sector público cuando causaran baja por incapacidad temporal (IT). Hasta entonces, los empleados públicos cobraban el 100% de su salario desde el primer día de la incapacidad, algo que no suele ser habitual en el ámbito privado (la legislación establece según la duración de la baja un rango del 60% al 75%), excepto que el convenio colectivo correspondiente establezca que se complemente ese porcentaje hasta el 100%.

Esta orden fue y es una nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los empleados públicos y contribuye a difundir la idea falsa de que el absentismo es mayor en la administración.

Sin embargo, con estos nuevos criterios del Gobierno se están produciendo en los distintos organismos públicos situaciones indeseadas dado que, por no perder dinero de su nómina, los empleados públicos desde médicos, policías,  profesores o de administración acuden  a su puesto de trabajo en condiciones físicas mermadas o, por ejemplo, con los síntomas de un catarro, como fiebre o malestar. Una situación que afecta al servicio que  se ofrece a los ciudadanos.

En cualquier caso, es una pena que desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se carguen  las tintas contra los empleados públicos, a los que se presupone además un mayor nivel de absentismo que en el sector privado. Es un error pensar que obligándoles, por decreto, a ir a trabajar enfermos va a aumentar la productividad en la la Administración según decía el ministro Montoro.