El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha rechazado, de forma contundente,  la vuelta al horario laboral de 35 horas semanales en ninguna administración pública. Una decisión que se ha conocido en una reunión de la comisión técnica, celebrada en Madrid, entre los responsables del ministerio y de los sindicatos de la función pública y en la que se anunció el mantenimiento de las 37,5 horas actuales.

La excusa, según Administraciones Públicas, es que no hay posibilidad de elaborar y aprobar una ley que permita la vuelta al horario de 35 horas. Una argumento idéntico al ofrecido por el Ministerio de Justicia para evitar la devolución de 3 días adicionales de asuntos propios a los funcionarios de esa administración y que se les quitaron, en 2012, de forma arbitraria cuando se trataba de  días de compensación por la falta de mejoras salariales. En este caso, se acogen los responsables ministeriales a que no hay tiempo por la cercanía de las elecciones a introducir cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Hay que recordar que la supresión del horario de 35 horas lo llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular en Julio de 2012 cuando se les quitó la paga extra de Navidad, entre otros muchos recortes, a los empleados públicos de todas las Administraciones. Una decisión que se invistió de Norma Básica para que fuera de obligado cumplimiento en cualquier administración del Estado.

Es precisamente el carácter básico de esta norma el que impide que en las administraciones autonómicas o locales  se pueda negociar la vuelta al horario de 35 horas ya que no se puede contravenir esa ley.

Sin embargo, Hacienda sí se compromete a flexibilizar la jornada intensiva en verano en la Administración General del Estado de forma que esta empiece a las 07.30 horas y no a las 08.00 como en la actualidad. Asimismo, esta jornada intensiva se ampliará desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre para los padres con hijos menores de doce años, también para los trabajadores de la Administración estatal.

Otro avance que se va a aprobar en materia laboral va a ser que los empleados públicos dependientes del Gobierno central puedan disponer de forma individual de hasta nueve días de sus vacaciones, en lugar de los cinco días como máximo actuales.

Estos dos últimos compromisos darán pié a que se negocien en el resto de administraciones autonómicas y locales para su aplicación igual que en el ámbito estatal.