La existencia de un total de nueve sistemas informáticos distintos en el conjunto de los Juzgados españoles está dificultando el normal funcionamiento de la Administración Justicia. Y lo que es peor, la mayoría de los programas en funcionamiento no cumplen con el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace unos años para permitir a estos programas compartir directamente información.

Actualmente existen nueve herramientas de gestión procesal distintas: una que aplica el territorio dependiente del Ministerio de Justicia (Extremadura), junto con las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja y otras ocho en las comunidades de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Ninguna de las herramientas de gestión procesal está integrada con el resto, de forma que los datos no se pueden compartir de forma directa sino a través de unos registros (Siraj), que tampoco están integrados con los sistemas de gestión procesal, por lo que una vez tramitado el procedimiento, los funcionarios que desempeñan su trabajo en los distintos órganos judiciales tienen que volver a teclear los datos en estos registros.

A esta falta de interconexión  entre las diferentes aplicaciones informáticas judiciales, hay que sumarles  los problemas de coordinación con los sistemas operativos de Instituciones Penitenciarias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que dificulta la labor de coordinación con la Administración de Justicia.

Otra dificultad es que  el programa que se utiliza en el Ministerio de Justicia y en algunas comunidades está obsoleto, descatalogado desde hace más de 10 años, y sin soporte técnico del fabricante. Según una central sindical “el propio Ministerio ha confesado que este programa no sirve para ser utilizado en la nueva oficial judicial que está implantando desde el año 2010”.

Han transcurrido más de 5 años y 9 meses desde que los responsables de la época del Ministerio de Justicia anunciaran una gran inversión económica para la interconexión informática; sin embargo pese a las partidas millonarias que, desde el Gobierno, se han invertido en nuevas tecnologías para modernizar la Administración de Justicia, la realidad es que seguimos sin que exista la interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal, y todo porque son incompatibles.