Los 512 millones de euros que el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, ha recaudado gracias al cobro de de las tasas judiciales deben invertirse en la mejora la mejora de la justicia, la ampliación de las plantillas, la interconexión informática  o la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Es una cantidad importante de dinero que debe revertir en la propia mejora de la Administración de Justicia.Ahora no hay excusas, los 512 millones de euros recaudados con estas tasas  se pueden invertir en la mejora de las sedes de los Juzgados y Tribunales. Además, este dinero se verá incrementado  porque las tasas han desaparecido para las personas físicas, pero no para las empresas, que deberán seguir pagando impuestos para acceder a los tribunales.

El Ministerio de Justicia tiene ahora la oportunidad de mejorar el Registro Civil y  abortar su privatización. Hay que profundizar en la modernización de un modelo que viene funcionando razonablemente bien desde hace 145 años con funcionarios de Justicia, y que no cuesta un solo euro al contribuyente. A partir de su privatización, volverán los aranceles.

Todo apunta a que el Ministerio de Justicia con esta reforma introducirá un aumento de hechos registrales obligatorios, el incremento de los aranceles que cobran los Registradores, por su trabajo en el Registro de la Propiedad, la aparición de aranceles por trámites del Registro civil y la financiación directa a través de los presupuestos generales del Estado.

No es de recibo que desde el Ministerio se haya reducido cualquier inversión en los Registros Civiles en lo que va de legislatura para justificar su privatización, sin tener en cuenta la dignidad profesional de miles de funcionarios de Justicia, su experiencia, formación y potencial para gestionarlo.