La subida salarial del 1% para los empleados públicos dependientes de la Junta de Extremadura que, tras la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, se hará efectiva a partir del próximo 1 de abril no se notará hasta mayo y hará perder dinero, otra vez, a los trabajadores.

Es decir, el pago de ese 1% ya viene con retraso porque a los empleados públicos del Gobierno Central y de algunas otras administraciones, ya  se les  hizo efectivo en la nómina de enero de este año, sin embargo a los de la Junta se les incluirá en la nómina de abril el total de los 4 meses de retraso. De esta forma el IRPF que se les retendrá será superior al que tendrán en la siguiente nómina, la de mayo. Los trabajadores, según pasa el tiempo, pierden dinero. Además, este exiguo  incremento salarial del 1% no compensa la pérdida del poder adquisitivo superior al 25% que han acumulado los empleados públicos durante los  últimos 5 años.

Las medidas tomadas por los distintos gobiernos desde 2010, como la rebaja media del 5% en los salarios base, la congelación de las nóminas, la supresión de una paga extra en el año 2012, el aumento de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, la modificación de retribuciones para casos de incapacidad temporal y la reducción o supresión de días de libre disposición, han dado como resultado que la pérdida de poder adquisitivo supera el 25%, teniendo en cuenta la evolución de los precios y la subida de impuestos.

En este sentido, y tal como ha quedado patente con el bloqueo de los presupuestos de nuestra comunidad, los perjudicados de los problemas  políticos han vuelto a ser los empleados públicos.

Y todavía quedan pendientes de recuperar muchos de los derechos perdidos durante la crisis como  la recuperación del poder adquisitivo, incluido la recuperación, en algunas administraciones,  de la paga extra íntegra que se nos eliminó en 2012, la eliminación de los recortes (como los descuentos por baja médica) o la jornada de 35 horas.