A igual titulación y trabajo, igual salario. Esta debería ser la realidad en el marco salarial de la Administración General de Estado (AGE) en un momento como el actual en el que las centrales sindicales, CSIF, UGT y CCOO, están pidiendo que todos los empleados públicos tengan el mismo sueldo independientemente de la Comunidad Autónoma en la que trabajen.

El desbarajuste es de tal entidad que hasta en la propia AGE se producen situaciones de discriminación salarial entre el personal laboral y los funcionarios; según marca el Convenio Colectivo Único de la administración estatal esta diferencia oscila en torno a los 200 euros.

Ahora es el momento de incluir la homologación salarial entre ambos ya que se va a iniciar  la negociación del IV Convenio Colectivo y en el que se debe incluir un salario mínimo de 1.200 euros brutos para el grupo inferior del personal laboral. De esta forma se conseguiría la igualdad con las retribuciones mínimas de los grupos de funcionarios a los que se les exige una titulación idéntica para el acceso al puesto.

En general, los empleados públicos de la AGE tienen salarios más bajos que los de otras comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña lo que no tiene ningún sentido. Es un colectivo discriminado retributivamente de 230.000 trabajadores, de los cuales 5.000 están en Extremadura en diferentes ministerios como el de Trabajo, Fomento o Justicia, así como otros organismos como la Agencia Tributaria e Instituciones Penitenciarias, cuyos trabajadores trabajan por un salario del 25 por ciento menos que en otras comunidades.

En este sentido, los funcionarios de la Administración de Justicia en Extremadura, que no están transferidos, tienen una brecha salarial con los que sí lo están de hasta 500 euros mensuales en función de los complementos específicos que se cobren. No tiene ninguna lógica ya que todos han hecho la misma oposición, tienen las mismas responsabilidades y realizan el mismo trabajo que los funcionarios de otras comunidades.

Las CCAA que no tienen transferidas estas competencias son Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla y los órganos centrales en Madrid como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Civil Central y la Fiscalía General del Estado.