“Se elimina la obligación de descuento por baja médica (Incapacidad Temporal). Las administraciones ya no están obligadas a descontar de la nómina el tiempo de baja médica, como marcaban los decretos de recortes de 2012″, este punto recogido en el acuerdo de medidas para la mejora de las condiciones laborales en las administraciones públicas firmado, el pasado mes de marzo, entre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT , podría modificarse en breve.

Así, según se desprende de fuentes del propio ministerio de Hacienda, se están planteando recuperar esos descuentos salariales por IT ya que, según ellos, “existen demasiados casos” de empleados públicos reincidentes a los que la eliminación de la normativa les está llevando a aumentar los días en los que se ausentan del trabajo. “El absentismo sigue siendo un problema. Y no se ve otra forma de resolverlo que con estos recortes en los sueldos”. Una medida que el Ejecutivo quiere trasladar próximamente a los sindicatos.

Además, el departamento de Montoro quiere unificar  un criterio común con las comunidades autónomas para medir el absentismo entre los empleados públicos. Así, prevé elaborar la metodología de medición por porcentajes del absentismo en las administraciones públicas y un plan “muy serio” de persecución del absentismo de los trabajadores del sector público.

Desde el Ministerio se apunta que , tras suscribir el acuerdo con los sindicatos que recoge creación de empleo público neto y mejoras retributivas y de las condiciones laborales, queda “como una de las tareas pendientes” (sic) de Función Pública abordar el tema de la Incapacidad Temporal (IT), para lo que se reunirá la Administración General del Estado.

En este sentido, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha mostrado la intención, de su departamento, de publicar los datos de absentismo para ver “los unos a los otros” qué pasa en las administraciones y por qué hay más absentismo en algunas de ellas. Se trataría de hacer una especie de ranking entre las distintas administraciones, desde la estatal pasando por las autonómica y la local.

Por razones de protección de datos no se contempla incidir en nombres, sí en causas y porcentajes. El gobierno Central pretende que cada Administración -Estado, comunidades y Ayuntamientos- publiquen las suyas cada seis meses.

En definitiva, según señala Collado, se debe abordar el tratamiento de las bajas por incapacidad, a fin de regularlo mejor y evitar posibles fraudes.