Una profesora interina que, en el momento de su cese, se encontraba embarazada, y en situación de baja con diagnóstico médico de amenaza de aborto, deberá ser readmitida en su puesto de trabajo. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha confirmado una sentencia contra el Ayuntamiento de Godella por vulnerar los derechos fundamentales de la docente.

La sentencia inicial declaró la nulidad del despido y condenó al consistorio a la inmediata readmisión de la trabajadora, profesora de francés de la Escuela Permanente de Adultos, a la que despidió en 2017 cuando estaba embarazada. Una readmisión que, según el auto judicial, debe hacerse  en las condiciones anteriores al despido junto al abono de los salarios dejados de percibir desde el día siguiente a la terminación del descanso por maternidad, en noviembre de 2017, hasta la fecha de readmisión, a razón de 15,18 euros diarios.

El alto tribunal valenciano entiende que se puede hablar de un acto de despido, pues la demandante fue cesada por escrito. Esta decisión obliga a su readmisión ya que tal y como había certificado el Juzgado de lo Social, “había adquirido la condición de indefinida no fija”.

En este sentido, la sentencia constata el exceso de duración de los contratos temporales suscritos y llevados a cabo, por sobrepasar los umbrales del Estatuto de los Trabajadores, lo que determina la conversión del contrato temporal en indefinido.

La afectada integraba, desde 2012, una bolsa de trabajo de profesores de francés para cubrir necesidades de contratación temporal en la Escuela Permanente de Adultos. El Ayuntamiento le remitió un correo electrónico instándola a que comunique la aceptación o rechazo del puesto. La afectada aceptó el puesto, si bien con incorporación una vez finalizada la baja maternal por nacimiento de su hija el 7 de agosto.

El 8 de septiembre se le remitió nueva comunicación por el mismo medio recordándole que tenía que enviar la renuncia al departamento de personal, lo que motivó la denuncia que finalizó con esta sentencia que demuestra que se vulneró sus derechos fundamentales.  Además de la redacción del texto legal se puede interpretar que la Justicia en este caso protege los derechos de las mujeres en un ámbito, el de las Administraciones Públicas, en el que debería ser ejemplar el respeto a la mujer y no “ser partícipe” de discriminaciones por su condición de embarazada.