Los recortes, los limitados sueldos  en muchos casos, y las sucesivas congelaciones sobre una bajada del 5 por ciento ha empujado a muchos empleados públicos a solicitar la compatibilidad con otro empleo.

En total, han sido casi un millar de funcionarios del Estado los que han pedido compatibilizar su puesto en la Administración con otra actividad, privada o pública, durante el pasado año, acogiéndose así a la posibilidad abierta  por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona (autos 164/2012) que dio la razón a un agente de la Guardia Urbana que quería compatibilizar su salario con un trabajo como abogado.

Y es que en el auto, de fecha de 19 de marzo de 2014, se alega que ” dicho trabajador había sufrido una pérdida de poder adquisitivo en los últimos años que obliga a dar una interpretación más flexible a la regulación sobre incompatibilidades en el sector público”.

El juez mencionaba varias sentencias previas dando vía libre a ese tipo de compatibilidades, e incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo ratificando la posibilidad de ejercer la abogacía a un guardia civil, un cuerpo en el que las restricciones son más duras si cabe.

En la sentencia, se argumenta que las caídas salariales sufridas por los funcionarios, primero con los ajustes para entrar en el euro y, posteriormente, por la crisis financiera y económica les han llevado a unos niveles retributivos equivalentes a los de principios de siglo, e “incompatibles” con el nivel de vida actual.

“Cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los gobiernos de la Nación como un elemento más de política económica ya no puede seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de normas como la Ley de Incompatibilidades de 1984, porque los presupuestos de los que la misma parte no existen en la realidad de la actual Función pública española”, alega el juez.

De esta forma y según datos del Gobierno central, fueron 968 los casos de  empleados públicos que solicitaron  la compatibilidad  entre el  1 de enero y el 13 de octubre de 2014. En concreto, 734 funcionarios pertenecientes a todos los ministerios han presentaron solicitud de compatibilidad, 523 de ellos para actividades privadas y 211 para actividades públicas.

Además, se registraron otras 234 peticiones, 189 referidas a puestos privados y 45 para una segunda actividad pública, desde otras instituciones y organismos privados como el Banco de España, Aena, Adif, Renfe, Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), Autoridades Portuarias, RTVE, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Navantia, Correos, Paradores o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), entre otros.