La brecha salarial de los funcionarios de la Administración de  Justicia en Extremadura llega a más de 400 euros si se compara lo que cobran los funcionarios destinados  en las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas. Así, los trabajadores del llamado Territorio Ministerio (Extremadura, Castilla y León, Baleares, Castilla la Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla así como Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Fiscalías Especiales) realizando el mismo trabajo cobran un salario distinto.

Una discriminación que no se entiende cuando los funcionarios de Justicia, independientemente del territorio del país en el que trabajen, son cuerpos nacionales y tienen un estatuto único para todo el Estado regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ante esta y otras desigualdades, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han amenazado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con movilizaciones a comienzos de 2018 si no se convoca de manera urgente la mesa de negociación para abrir el diálogo  sobre los múltiples problemas que padecen los trabajadores de la Administración de Justicia. Un conflicto que  pasa por la mejora general de las condiciones de trabajo relativas a la formación profesional, a la salud laboral, a la solución a los fallos informáticos de las nuevas tecnologías implantadas en los órganos judiciales y a la homologación de las retribuciones.

Así, los fallos continuos en la modernización de la justicia, que se mantienen a pesar de las inversiones millonarias de dinero público, se han mostrado muy reales con el sistema Lexnet, que hace unos meses tuvo un fallo gravísimo ya que cualquier abogado podía acceder a las carpetas privadas de todos los casos que estaban llevando  todos los abogados de España, ya fuera la Gürtel o cualquier pleito local.

Los sindicatos explican que hace dos semanas presentaron un escrito en el que solicitaban la apertura de negociación y daban un ultimátum al ministro por la inaceptable actitud y el gran desinterés hacia los funcionarios de la Administración de Justicia y el buen servicio a la ciudadanía.

De esta forma, cargan contra Catalá al tachar de falsos los anuncios de oferta de diálogo y de buena disposición porque, según aseguran, el ministro únicamente negocia con las asociaciones de jueces y fiscales pero no con los más de 9.000 funcionarios de justicia (900 en Extremadura) cuyos problemas siguen sin resolverse. El colapso de los Juzgados encargados de las cláusulas suelo, de los Juzgados de Guardia o de los de Violencia de Género deben abordarse también de forma inmediata.