Los trabajadores de la Sanidad y la Educación  extremeña quedan fuera de la flexibilidad de la jornada laboral que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El texto, hecho público por el Ejecutivo regional, explica claramente que esta medida “será de aplicación para  los empleados públicos, funcionarios y laborales, incluidos en el ámbito de la Administración General” ,  sin ni siquiera nombrar a los sanitarios y profesores.

Estas medidas de flexibilidad horaria vienen a solucionar el problema  que surgió meses atrás con la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales ya que el Gobierno central no cede en su concesión y mantiene las 37,5 horas. De hecho, en Andalucía la Junta aprobó esa reducción de jornada y el Ministerio de Hacienda la recurrió ante los Tribunales y la tumbó.

En Extremadura se ha aprobado el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora que incluye, entre otras, medidas relacionadas con el disfrute fraccionado de los días de asuntos particulares, el cuidado de menores y familiares enfermos, la creación de una bolsa horaria por asuntos personales y el inicio escalonado de actividades lectivas.

Este acuerdo es claramente discriminatorio con los trabajadores de unos sectores tan importantes como el educativo y el sanitario,  más cuando ni siquiera hay previsto que se abra una mesa de negociación para alcanzar un acuerdo para estos trabajadores públicos.

En este sentido, desde una Central Sindical ya se apunta la convocatoria de movilizaciones si la jornada laboral de los empleados públicos no es uno de los puntos que se incluya en los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2018. La flexibilidad horaria tiene que ser un hecho en todos los sectores, y ahora mismo Educación y Sanidad no la tienen.

Además, otras de las medidas pendientes de incluir en los PGEx  son la descongelación de la carrera profesional y la reducción de la tasa de temporalidad para los 46.000 trabajadores dependientes de la Junta.

La descongelación de la carrera profesional es necesaria  para evitar que los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo. Debe ser una realidad para  los sectores que ya la tienen (Administración General y Sanidad) y sobre todo para aquellos que no la tienen como es el sector de la educación.

Por último, es necesario arbitrar partidas presupuestaria para reducir la alta tasa de temporalidad,  redactando un calendario de oposiciones y realizar un estudio para conocer el número de plazas reales para atajar esa alta tasa de temporalidad que es de un 32 por ciento en nuestra comunidad.